LA PAMPILLA, LOS DE REPSOL SÓLO SE APROVECHAN DE NUESTRA RIQUEZA
La empresa Repsol viene operando desde 1996 en la refinería La Pampilla (Ventanilla-Callao). En 1996 el Estado, bajo el gobierno de Fujimori de corte neoliberal, vendió el 75% de las acciones de la mayor refinería del país en $180 millones, cuando en 1994 la empresa, La Pampilla, había generado ingresos por $657 millones y utilidades operativas de $85 millones.
En 2012, la empresa REPSOL estuvo vendiendo sus activos de Gas Natural Licuado en América y Perú por aproximadamente 3,000 millones de euros.
La empresa buscaba recapitalizarse pues, en aquel entonces, a consecuencia de la crisis que vivía el mundo post 2007/08, como cualquier empresa capitalista, busca salvar sus inversiones vendiendo sus acciones y evadiendo impuestos al Estado.
En el 2016 el Estado buscó renegociar los contratos para que nuestro gas de Camisea, pueda beneficiar a todos los peruanos en costa, sierra y selva, mediante la política de masificación del gas, abaratando costos. Lamentablemente el gobierno de entonces privilegió la venta masiva del gas al exterior postergando indefinidamente la posibilidad de masificar el uso del gas y resolver en parte la crisis energética.
La Transnacional española REPSOL carga un enorme pasivo de contaminación ambiental y de daños al ecosistema; por ejemplo, entre el 2016 y 2018 la empresa no quiso reconocer el derrame de petróleo en los territorios de la Comunidad amazónica de Camaná, por tanto, la comunidad tomó la decisión de cerrar las válvulas de gas y petróleo que transporta de Camisea-Cusco hasta Cañete y Pisco.
Ahora, empezando el año 2022, un derrame de 6 mil barriles de petróleo está contaminando ya, más de 50 kilómetros de litoral y avanza peligrosamente hacia las playas del norte arrasando con la flora, la fauna y poniendo en grave riesgo a miles de trabajadores pesqueros, que viven del mar que no pueden realizar sus faenas en un mar contaminado.
El Gobierno está en la obligación de exigir que se repare el daño en el menor tiempo posible, contratando empresas especializadas en resolver este tipo de problemas y no como lo está haciendo REPSOL en forma artesanal.
Como no es la primera vez que ocurre y para que no quede impune, el gobierno debe: aplicar una fuerte sanción económica, indemnizar a todos los afectados (una canasta de víveres, es insuficiente); revisar el contrato y finalmente retomar el control estatal de la refinería la Pampilla.
Escribe: Enrrique Rodríguez, dirigente nacional de Súmate.
