EN DEFENSA AL DERECHO A LA PROTESTA.POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
En días pasados se hizo público una Sentencia de Casación # 1464-2021 de la sala penal de Apurímac; a pesar del tiempo transcurrido (2016) y la nota aclaratoria de la Suprema, consideramos importante comentar en tanto que, tiene una implicancia en el terreno político-legal y encamina una metodología para reprimir la protesta y las libertades democráticas.
La sentencia de Casación, ratificada por la Corte Suprema de Justicia que condena a cuatro ciudadanos, a cuatro años de prisión suspendida y a pagar dos mil soles de reparación civil, por participar en la protesta popular, ilegaliza el derecho a la protesta al afirmar que, “no ha sido reconocido, taxativamente, en el texto constitucional ni en alguna otra norma”. Esta afirmación criminaliza la protesta. Este es un nuevo argumento ya que, en el país, se han realizado miles de protestas con movilizaciones masivas, y nunca se arguyó que la protesta era inconstitucional. Que no esté en la Constitución, no puede ni debe negar el ejercicio de este derecho; una práctica cotidiana y de vieja data, que los trabajadores y los pueblos de América Latina y el mundo la asumen como un instrumento absolutamente justificado y necesario, para exigir derechos y libertades, expresar indignación y repudio a la prepotencia y abuso de gobiernos y funcionarios incapaces y corruptos que administran el bien público en convivencia con los grupos económicos y los intereses de la aristocracia burguesa que se creen dueños del país. Hay que decir que, la violencia a la que se refiere la Resolución, no es consustancial a la protesta, ésta, siempre ha tenido y tiene un carácter pacífico; como lo dice el informe de la CIDH “…el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve , per se, violenta la protesta…” además, si devienen en violenta es porque el gobierno, que está informado por “inteligencia”, de los conflictos en curso a nivel del país, lejos de anticipar una solución o encaminar los conflictos hacia una salida no represiva, espera que éstas estallen, para confrontarla con la más cruenta y brutal represión, como lo hizo en diciembre, enero, febrero y deja inevitablemente un costo social de muertos, heridos y detenidos que provienen generalmente de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad.
Así pues, la violencia represiva, convertida en política de Estado, no sólo niega la legitimidad de la protesta, la ataca incesante y ferozmente. Eso lo sufrimos una vez más, en la reciente protesta multitudinaria que se inició el 7 de diciembre pasado, cuando Dina Boluarte, dio la orden de arrasar con el movimiento y acallar las voces de indignación de millones de peruanos que se levantaron, en todo el país, contra la consumación del golpe de Estado, orquestado por la derecha en y desde el Congreso, exigiendo la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y marcando además, una salida a la crisis política: la convocatoria a elecciones inmediatas y la Asamblea Constituyente.
Como sabemos, el saldo doloroso es de 70 peruanos asesinados y más de mil los heridos, en una combinación de discriminación, racismo y odio de clase. A todos los atacaron como vándalos, terroristas, mercenarios financiados por el narcotráfico. Terruqueados en coro por Boluarte, ministros, congresistas, funcionarios, los medios y periodistas a sueldo para enmascarar esta alevosa masacre y abrir el curso a la impunidad. Efectivamente, van pasando los meses y nadie asume la responsabilidad política, ni la autoría material. Sabemos sin embargo quienes son, quien dio la orden y quienes lo ejecutaron; corresponde a la Fiscal de la Nación que investiga los asesinatos que lo haga con prontitud, en el lugar de los hechos, de cara a los familiares y la opinión pública, sin maniobras dilatorias que permita develar los nombres y que caiga sobre ellas y ellos la más dura sanción para que crímenes, ejecuciones extrajudiciales, violación de los derechos humanos como los ocurridos, no se vuelvan repetir, no queden impunes y se respete la vida, los derechos humanos y el derecho a la protesta. Corresponde también al pueblo organizado ir más allá de lo que la Fiscal pueda o no hacer porque sobre su actuación y su relación con el poder, deja más sombras que luces, más dudas que certezas.
NI OLVIDO NI PERDÓN. El pueblo tiene memoria y se prepara para una segunda jornada nacional de lucha, desde los pueblos del sur, centro, norte y oriente. La lucha continúa, la Unidad nos hará fuertes y victoriosos.
